Nueva Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Anotada y Comentada)
La Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública emitida en el año 2004, vino a materializar el compromiso adquirido por nuestro país ante la comunidad internacional, con motivo de la suscripción de la Convención Interamericana contra la Corrupción, instrumento en el que se planteó la necesidad de dictar normativa interna que viniera a coadyuvar en el combate a la corrupción y, puntualmente, a prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio de la función pública.
Ahora bien, el dictado de la Ley trajo consigo a las personas y entidades relacionadas con la aplicación de sus disposiciones, algunas dudas e inquietudes que fueron atendidas –fundamentalmente- a través de pronunciamientos emitidos por la Contraloría General y la Procuraduría General, los cuales en su gran mayoría se incorporaron en la denominada Ley contra la corrupción anotada y concordada, la cual fue publicada de manera conjunta por ambas entidades en el año 2008.
Mediante dicho documento, se organizaron y sistematizaron pronunciamientos emitidos entre los años 2004 al 2008, de manera que no se limitó a la transcripción de artículos sino también se acompañó de criterios consultivos que vinieran a orientar a los sujetos particulares y autoridades públicas.
No obstante, habiéndose cumplido prácticamente once años del dictado de la Ley y siete de la publicación antes relacionada, es abundante la cantidad de pronunciamientos administrativos emitidos con posterioridad al año 2008 y, de ahí la necesidad de dotar, a los operadores jurídicos, a la ciudadanía en general y demás interesados, de un documento actualizado que dé cuenta de las líneas de interpretación que han venido marcando tanto la Contraloría General como la Procuraduría General.
En esta oportunidad, amén de los pronunciamientos del órgano contralor y del órgano consultivo técnico-jurídico de la Administración Pública, ordenados por artículo y la concordancia con las disposiciones del Reglamento Ejecutivo a la Ley, se incorporan además resoluciones emitidas por órganos judiciales en las materias constitucional, contencioso-administrativa y penal relacionadas con su articulado.
De igual manera y en lo que resulta pertinente, según el contenido de los artículos de la Ley, se incluye adicionalmente una concordancia con algunos numerales de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Ley General de Control Interno, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y el Código Municipal.
Así las cosas, esta nueva publicación incorpora información más amplia y actualizada respecto a la publicación efectuada en el año 2008, lo cual permite contar con una herramienta más robusta y completa en procura de orientar la interpretación y aplicación de su articulado.
Finalmente, esperamos que este documento contribuya (bajo el enfoque preventivo y represivo que plantea la propia Ley), a la lucha en contra de la corrupción en la función pública, acción que amerita –desde luego- un esfuerzo conjunto de una gran cantidad de entidades, órganos y actores tanto públicos como privados, dentro de los cuales se incluye a la Contraloría General y la Procuraduría General.