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C-263-2016

Gestión de despido (arts. 43 del estatuto de servicio civil, 88 y ss. De su reglamento); principio de reserva legal en materia de procedimientos ablatorios; principio de especialidad por exclusión (art. 367 inciso e) de la LGAP); imputación administrativa.


Por oficio TASC-136-2015, de fecha 9 de diciembre de 2015, el pleno del Tribunal Administrativo de Servicio Civil, con base en el acuerdo 3 tomado por ese órgano colegiado en sesión celebrada el 22 de octubre de 2015, que consta en acta número 38, somete a nuestro conocimiento una serie de interrogantes concernientes al procedimiento legalmente instaurado en el Estatuto de Servicio Civil y desarrollado en su Reglamento, denominado como “Gestión de Despido”.


Las interrogantes concretas son las siguientes:


 “-¿Cuál es el acto que da inicio al proceso, en el caso de las gestiones de Despido diligenciadas con base en lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de Servicio Civil y 90 del Reglamento a dicho Estatuto, con la consiguiente tutela al Debido Proceso y de Defensa que según la misma Sala Constitucional ha indicado lo debería caracterizar?


-¿Equivale este acto inicial dentro del procedimiento regulado por el Estatuto de Servicio Civil para las gestiones de despido, al traslado de cargos, en los términos que lo regula la Ley General de la Administración Pública para los procedimientos ordinarios desarrollados por la Administración Activa al tenor de dicha Ley?


-De ser así, ¿Qué elementos debería incluir dicho acto de inicio en salvaguarda al Debido Proceso y Derecho de Defensa?


-¿Qué recursos tendría dicho acto y ante cuál órgano debería interponerlos el gestionado?”


Con la aprobación de la señora Procuradora General Adjunta, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, del Área de la Función Pública, concluye:


 “Desde una perspectiva adjetiva formal, la regulación jurídica de la instrucción de las causas disciplinarias, y en concreto la denominada “Gestión de Despido” contra los servidores regulares de la Administración Central del Estado, contenida en el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, constituye un procedimiento administrativo constitutivo especial regulado en una ley específica que, en el tanto garantiza a satisfacción el debido proceso y sus corolarios, y puede además encuadrarse entre las excepciones contenidas en la LGAP (arts. 229 y/o 367 párrafo 2º), prevalecerá sobre el procedimiento administrativo ordinario establecido en la Ley General de la Administración Pública.


Deberá entonces el órgano consultante atenerse y apegarse inexorablemente a las formalidades especiales que, como conjunto de reglas, trámites o formalidades, tanto para la formación como impugnación de la voluntad administrativa, establece aquel procedimiento especial.


Por la forma en que se resuelve lo consultado, carece de interés, y de toda utilidad, referirse puntualmente a las demás interrogantes hechas en su consulta.” Ver Pronunciamiento completo.