Ficha del Pronunciamiento
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  Dictamen : 159 del 02/05/2005   
 
Resumen

C-159-2005

CONTRATO DE PORTEO.  SERVICIO PÚBLICO DE TAXIS.  CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN LA ACTIVIDAD DE LOS PORTEADORES.

            El Lic. Randall Quirós Bustamante, Ministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, mediante oficio DM-1273-2005, plantea la siguiente gestión:   del pasado 15 de marzo.

“… de conformidad con el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, esta representación se dirige ante el Órgano Asesor, a solicitar reconsideración y aclaración del dictamen del 1 de diciembre del 2003, No. C-376-2003, que en su oportunidad fue presentada por la Viceministro de Transportes, Licda. Karla González, el día 12 de diciembre del 2003 y posteriormente retirada por el Lic. Ovidio Pacheco el día 27 de setiembre del 2004, Ministro de Obras Públicas y Transportes a ese momento, ya que pese al complejo análisis de las libertades públicas, los sistemas de interpretación y el alcance de las normas jurídicas que regulan el Contrato de Porte en el Código de Comercio, consideramos que el estudio del objeto regulado en la normativa referente al transporte público, resulta insuficiente para justificar la existencia de un sistema paralelo al transporte de personas, regulado por la normativa privada.”

            Luego de reiterar el contenido de los artículos 1° de la Ley 3503, y 3 incisos a) y b) de la Ley 7969, se desarrollan los siguientes argumentos:

“Nótese, que (sic) núcleo de esta norma (la anterior y la actual) es “el transporte remunerado de personas en vehículos automotores” y para entender este concepto en forma literal, y semántico debemos atender que transporte viene de las voces latinas trans y portare, que significa llevar de un lugar a otro; remunerado, es a cambio de un precio; de personas, para diferenciarlo de las cosas; en vehículos automotores, para diferenciarlos de transporte que se realizaba con otras formas de energía, diferente a la producida por los motores.  Así las cosas surge la pregunta, ¿Qué forma de transporte remunerado de personas en vehículos automotores puede concebirse distinto al regulado en esta normativa especial?  La respuesta no es tan evidente como la conclusión a la que llega el dictamen C-376-2003 de la Procuraduría General de la República, toda vez que a un grupo cerrado o a un grupo abierto de personas, la acción de transportar en vehículos automotores a cambio de un precio, seguirá siendo el objeto regulado por las leyes que a lo largo de la reciente historia costarricense ha dictado en materia de transporte público.

            De esta forma parece estar claro que los elementos del objeto regulado en la Ley 3503 y sus predecesoras, son el transporte remunerado de personas en vehículos automotores, la pregunta que surge puede igual plantearse en otro sentido, ¿Cuáles elementos del transporte remunerado de personas en vehículos automotores podrían ser modificados por los porteadores que no afectarán el servicio público?  La respuesta referida a que se realice a un grupo cerrado de personas, no hace la diferencia con ninguno de los elementos que componen el objeto de regulación.”

Iván Vincenti, Procurador Administrativo, en dictamen C-159-2005 del 2 de mayo del 2005, concluye:

            Se hace la aclaración de que no estamos en presencia de una gestión de reconsideración del dictamen C-376-2003 del 1° de diciembre del 2003, al haber caducado el término que para tal fin prescribe el párrafo segundo del artículo sexto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

            Atendiendo a la jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional, es dable reafirmar las conclusiones a que se arriba en el dictamen C-376-2003, tanto en lo que se refiere a la vigencia de la figura del porteador como auxiliar mercantil, como en cuanto a los criterios de distinción entre la actividad desplegada por éste y las características inherentes al servicio público de transporte de personas en la modalidad de taxi.

            En ejercicio de sus competencias de órgano superior consultivo, técnico jurídico, la Procuraduría General estima como características adicionales del contrato de porteo que regula el artículo 323 y siguientes del Código de Comercio, las siguientes:

1.     Ninguna actividad que realice un porteador, sea de manera individual o colectiva -a través de una empresa privada creada al efecto- puede llegar a tener manifestaciones propias e inherentes a la actividad que realizan los concesionarios del servicio público de transporte de personas en la modalidad de taxis.  Se incluyen en esta afirmación lo relacionado con la identificación de los vehículos (color, rótulos luminosos, calcomanías o signos externos en el exterior de los vehículos), así como dispositivos propios a la prestación del servicio público de taxis (sistemas electrónicos de determinación del precio que se asignará al contrato de porte -taxímetros o marías-), tanto como los relacionados con la satisfacción de la necesidad pública que supone la nacionalización de una determinada necesidad colectiva (oferta del servicio en las vías públicas.  Obsérvese, sobre este punto, que el artículo 342 del Código de Comercio hace alusión precisamente a la situación que se presenta cuando el porteador atiende a un usuario en un lugar diferente a su oficina.  Dado que era una autorización para la empresa pública, es claro que no alcanza a los porteadores privados).  Se tutela, con esta serie de limitaciones, la credibilidad del público que utiliza el servicio (artículo 46 de la Constitución Política), en tanto no pueden -ni deben- existir aspectos o elementos que puedan llevar a confusión a un interesado en cuanto al tipo de servicio que está contratando.

2.     La oferta que se realice al público de los servicios de porteo o de la empresa privada que se organice para tal fin, debe ser consecuente con la distinta naturaleza de ese servicio con respecto al que prestan los taxis.   Por ende, el usuario debe estar en capacidad de establecer y comprender los elementos del contrato de porteo previamente a la utilización del servicio (individualización del  porteador o su empleado que le brindara el servicio,  aceptación previa del precio del contrato y pago del mismo, salvo estipulación que lo difiera para otro momento, límites a la responsabilidad del oferente del servicio).

3.     El concepto de “grupo  cerrado de usuarios” del servicio de porteo hace referencia a que el contratante es una persona plenamente identificada para el porteador, puesto que han trabado una relación jurídica.  Puede entenderse esta noción con vista en el siguiente ejemplo:  el servicio de vehículos de lujo, denominados en otros idiomas como “limosinas”, supone del usuario un conocimiento previo en cuanto a las especiales características que requiere del oferente del servicio, precio, condiciones y derechos derivados de la relación contractual.  Ese conocimiento previo le hace plenamente consciente de que, para efectos prácticos, no está contratando un mero transporte de su persona, a través de un vehículo, de un punto geográfico a otro.  Por el contrario, existe una intencionalidad en que tal servicio sea prestado bajo condiciones y términos que no pueden asimilarse al que prestan los transportes públicos remunerados de personas.  Su decisión se basa en la comprensión previa que está obteniendo un “plus” al servicio que le podría prestar un taxi, tal y como podría ser la definición de las rutas a seguir, tiempos de espera e, incluso, la disponibilidad del chofer o conductor a cargo del vehículo que se le asigne.  Por ende, se trata de un acuerdo plenamente particuralizado en cuanto a los elementos esenciales del negocio jurídico (sujeto, objeto, modalidad).

4.     La prestación del servicio en forma “discrecional” hace referencia a que el porteador, valorando aspectos tales como la credibilidad que le merezca el solicitante, atestados en cuanto a su solvencia económica y/o moral, y cualesquiera otros que le permitan tomar una decisión favorable en cuanto al requerimiento de servicio, lo llevan, de manera racional, a aceptar el contrato.   No podría valorarse como configurativa de esta característica, un acuerdo puro y simple en torno al valor de un determinado transporte vehicular entre un punto y otro, pues los elementos del contrato de porteo, por lo dicho, suponen aspectos propios de la relación comercial que nace a la vida jurídica, tal y como los referidos en el punto tres anterior.